Los negociadores del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo alcanzaron en la madrugada del miércoles 18 de noviembre un acuerdo provisional para acelerar la concesión de permisos a proyectos renovables, redes eléctricas e instalaciones de almacenamiento. El texto completa la directiva de permisos, primera mitad del llamado Paquete Europeo de Redes, dentro de la hoja de ruta comunitaria para mejorar la competitividad y abaratar la energía.

El ministro irlandés de Clima y Energía, Darragh O'Brien, lo calificó de hito importante. El acuerdo aún debe ser refrendado y adoptado formalmente por ambas instituciones; después, los Estados miembros tendrán 18 meses para trasladarlo a su legislación.

Plazos máximos de tramitación

El pacto fija límites concretos. Las instalaciones solares y su almacenamiento asociado, excluido el hidrógeno, deberán autorizarse en un máximo de tres meses. Las baterías independientes y los puntos de recarga tendrán un plazo de seis meses, y las centrales hidroeléctricas de bombeo, de hasta dos años.

Las solicitudes de conexión a la red deberán resolverse en tres meses, ampliables a seis en casos justificados, con excepciones para sistemas aislados o pequeños como los de algunas regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias.

Menos papeleo para lo pequeño

Los equipos solares, de almacenamiento y de recarga de hasta 200 kilovatios quedarán exentos de permiso, el doble del umbral anterior. Las estaciones de recarga de hasta un megavatio instaladas sobre estructuras artificiales tampoco necesitarán autorización administrativa.

Los Estados podrán declarar las renovables y las redes de interés público superior, con salvedades en materia de seguridad, defensa y patrimonio cultural. Se crearán portales digitales para centralizar los trámites, y los proyectos renovables de más de 7 megavatios deberán compartir parte de sus beneficios con las comunidades donde se ubiquen; la propuesta inicial situaba ese umbral en 10 megavatios.

Por qué importa

La tramitación es hoy uno de los principales cuellos de botella de la transición energética. Según los datos recogidos en la negociación, una línea de transporte tarda unos diez años en completarse, y más de la mitad de ese tiempo se dedica a autorizaciones; algunos proyectos renovables esperan hasta nueve años su permiso. Para España, donde el acceso a la red se ha convertido en un factor clave para nuevos proyectos renovables y centros de datos, acortar estos plazos puede acelerar inversiones y contribuir a moderar los precios eléctricos a medio plazo.